Panamá tiene probablemente una de las legislaciones antitabaco más restrictivas de la región. De hecho, hace casi 20 años, Panamá ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, y en 2008, se convirtió en el primer país en el continente en sancionar la prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.
Desde entonces la severidad de las restricciones ha resultado en la reducción gradual del espacio a los fumadores a través de normas que han hecho del hábito cada vez menos socialmente aceptable, y reduciendo la posibilidad de los fabricantes de anunciar sus productos libremente, limitándoles a recovecos escondidos en las tiendas y empaques con pictogramas, coartando cualquier tipo de libertad.
Todo esto pareciese que obedece a un bien mayor, sin embargo, pero no contamos con evidencia confiable de la efectividad de estas normas, y, en contraste, el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales, realizado en Panamá por la firma internacional Nielsen, demuestra un incremento gradual en el consumo de cigarrillos de procedencia ilegal, aumentando de 60.8% en el año 2016 a 87.9% en 2021. Es decir, la prohibición aumenta la demanda por mercados negros, sin ningún tipo de controles.
Tomando esta referencia, es preocupante la prohibición enfocada a los vaporizadores, los cuales se ha demostrado que presentan una alternativa para personas adultas que deseen dejar de fumar. Esta prohibición potencialmente resultará en un incremento en el contrabando de estos productos, los cuales pudieran contener químicos nocivos al carecer de controles y, más lamentablemente aun, ser vendidos a menores.
A este paso, vemos un panorama negro para la salud pública en nuestro país, todo en nombre de un supuesto beneficio superior.
* La autora es integrante de la Fundación Libertad.
https://www.metrolibre.com/opinion/cuando-la-cura-es-peor-que-la-enfermedad-DE3042489