Una realidad alarmante en nuestro país es el hecho de que el más del 90% de los cigarrillos que se consumen en nuestro país son de procedencia ilícita… Se preguntarán por qué es esto alarmante, si solo se trata de cigarrillos.
Aun con todos los químicos dañinos que contienen, los cigarrillos son un producto de consumo humano, y deben de alguna forma ser sujeto de controles, los cuales existen dentro de las regulaciones de salud panameñas. Sin embargo, cuando estos entran al país de forma clandestina, estos controles son inexistentes, y afectan a las poblaciones más vulnerables, considerando que mientras más pobre la población, más alto el índice de consumo de productos de procedencia ilícita. Por ejemplo, solo en San Miguelito, el estimado de cigarrillos de procedencia ilícita es mayor que el promedio nacional, según datos de Nielsen.
Lo mismo ocurre con los vaporizadores, cuyo uso, importación y comercialización está prohibido en Panamá, pero aún así, estos se consiguen fácilmente en el mercado negro… Ahora, cuando hablamos de mercado negro, es imposible no pensar en alguna esquina oscura en algún barrio peligroso, y no en muchachitos simpáticos vendiendo tubitos de colores en redes sociales, donde son adquiridos por jóvenes cada vez más inmaduros, incluyendo menores de edad.
Estas son consecuencias directas e indirectas de la prohibición vigente. Al buscar prohibir estos productos, hemos abierto la puerta de forma amplia a una serie de problemas sociales, sanitarios y fiscales, aún peores que el consumo mismo del producto, dejando en indefensión a poblaciones vulnerables.
Nuestras políticas públicas en materia de salud nos están fallando cruelmente a los panameños, en medida que estas se estén implementando en base a prohibiciones e ignorancia.
Por ejemplo, en la Ley 315 de 30 de junio de 2022, “por la cual se prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina” no solo tenemos una política pública que es incongruente con su propio propósito, sino que falla en implementar medidas que protejan y eduquen a la población sobre los riesgos de los productos de suministro de nicotina.
Esta ley no solo es incongruente e inefectiva. Es peligrosa y viola una serie de derechos al impedirnos informarnos sobre estos productos y tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos.
Nuestras políticas públicas en materia de salud deben apuntar a la educación de las personas en lugar de prohibiciones, que más que protegernos, nos dejan expuestos, desinformados y sin herramientas para una vida con mayor control frente a factores de riesgo.
En primera instancia, es fundamental entender que las prohibiciones absolutas no son sostenibles y solo causan más perjuicios en materia económica y seguridad pública, pero más importante aun, en salud, que se supone es su propósito principal.
Una política pública cónsona con la protección de las personas y sus libertades individuales debe apuntar a la educación de los consumidores y aplicar un marco regulatorio que resguarde a los menores de edad del consumo de productos de tabaco y regule los lugares de consumo, tal como se hace con el licor.
Los panameños merecemos políticas públicas que protejan los derechos de las personas y les permitan tomar decisiones dentro de un marco de conocimiento, libertad y responsabilidad.