En ciertos casos, los Estados han implementado medidas desproporcionadas de prohibición total, como con los vaporizadores, que incluso, siendo menos nocivos que las alternativas actualmente lícitas y disponibles, pretendiendo erradicarlos del mercado, en abierta contravención al derecho del individuo a consumir el producto que más le convenga y beneficie, según su estilo de vida.
La evidencia demuestra que estas medidas de prohibición no siempre son efectivas, ya que no logran el resultado esperado, y los individuos continúan buscando la forma de eludir las prohibiciones y así, acceder al producto o servicio clandestinamente.
En lugar de enfocarse en la prohibición, las políticas públicas deben enfocarse en mitigar el daño causado por ciertos productos o servicios, regulando la comercialización y/o el consumo y proponiendo productos alternativos menos nocivos.
Aunque consumir estos productos o servicios también puede tener consecuencias negativas para la persona, su impacto es significativamente menor y pueden ayudarle, ya sea al abandono progresivo del consumo, o a consumirlo de forma más segura y menos nociva para su salud.
El objetivo principal de las políticas de reducción de daño consiste en la reducción del daño del consumo del producto, mediante la sustitución del producto o servicio más dañino por otro menos perjudicial.
En el caso de los vaporizadores, a pesar de ser productos nocivos para la salud, estos pueden utilizarse como herramienta de mitigación de los daños producidos por los cigarrillos tradicionales o por combustión.
La evidencia científica suministrada demuestra que los vaporizadores ayudan a disminuir el consumo de tabaco y los efectos perjudiciales producidos por éste.
Prohibir el uso de vaporizadores atenta contra la libertad individual de elegir remedios de autoayuda que permitan al fumador mejorar su calidad de vida.
Aun con prohibiciones en pie, el acceso a productos restringidos continúa de forma clandestina, exponiendo a las personas a peores riesgos para la salud, producido no solo por la sustancia que se buscaba prohibir en primera instancia.
Las políticas de reducción de daños proponen un conjunto de principios pragmáticos y humanistas que pretenden minimizar las consecuencias adversas que pueden tener el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales sobre la salud de las personas y sobre la propia sociedad.
El concepto de reducción de daños ha sido históricamente utilizado en la formulación de políticas públicas sobre salud pública. Este concepto forma parte de un marco integral de abordaje a situaciones, hábitos y/o consumo de sustancias, legales o ilegales, que resultan problemáticas o peligrosas dentro de la sociedad.
Las políticas que buscan reducir daños y efectos nocivos debido al consumo de ciertas sustancias, con las políticas que buscan la prevención, el tratamiento e, incluso, la abstinencia, son perfectamente compatibles.
Los enfoques de reducción de daños y de abstinencia deben ser vistos como medidas complementarias.
Abogar únicamente por la prohibición absoluta no soluciona el problema del consumo.
Las políticas de reducción de daños suelen tener un impacto directo, real y tangible en todos los individuos.
Los individuos tienen derecho a tener canales de ayuda para sentirse segura y apoyada, aun cuando no esté preparada, decidida o bajo la posibilidad de suspender completamente del consumo o hábito dañino que genera adicción.
Las medidas de prohibición limitan la libertad individual a escoger un remedio menos dañino ya que cierran una vía de escape para las personas dependientes de productos adictivos sustituyan un producto nocivo por otro menos dañino.
Los individuos tienen derecho a elegir si, para su salud o su estilo de vida, los productos que consideren más convenientes.
Los vaporizadores son alternativas tangibles, menos nocivas, para disminuir e incluso, eventualmente erradicar, el consumo de nicotina proveniente de fumar tabaco por combustión.
El derecho de los individuos a elegir ha sido ignorado en el debate para la creación de políticas públicas.
Las políticas de reducción de daños representan un abordaje distinto a la perspectiva moral, criminal y clínica que usualmente se les confiere a las adicciones.
El abordaje de las políticas de reducción de daños obedecen a una perspectiva clínica, y no moral ni criminal.
Desde la perspectiva clínica, la adicción es entendida como una enfermedad, que requiere un tratamiento.
Las políticas de reducción de daños ofrecen una variedad de alternativas orientadas a reducir las consecuencias perjudiciales del hábito adictivo, entendiendo que una sociedad sin adicciones, por más deseable que sea, es poco probable que exista.
Las políticas de reducción de daños reconocen que la abstinencia y erradicación de la adicción es el resultado ideal, no obstante, busca alternativas en los casos que esto no sea posible.
Las políticas de reducción de daños promueven alternativas con umbrales bajos de acceso.
Los vaporizadores representan menos riesgos para la salud y ayudan a los consumidores de tabaco a mejorar su calidad de vida.
A diferencia de los cigarrillos habituales o por combustión, los vaporizadores no producen alquitrán ni monóxido de carbono, que son dos de los compuestos más dañinos del tabaco.
La sustitución del cigarrillo de combustión por vaporizadores reduciría el riesgo de los consumidores a numerosas cantidades de sustancias tóxicas y cancerígenas que están presentes en los cigarrillos de combustión.
La evidencia científica demuestra que el uso de vaporizadores es 95% menos nocivo que fumar tabaco, lo que sugiere que estos dispositivos, contengan o no nicotina, pueden tener muchos beneficios para las personas adictas al tabaco.
Países como Reino Unido, Francia, Canadá y Nueva Zelanda han utilizado los vaporizadores como medidas de reducción de daños y han logrado disminuir el número de fumadores de tabaco.
Según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, el porcentaje de fumadores en esta región se redujo del 20.4% al 16.1% entre 2012 y 2015, debido en gran parte a la implementación de vaporizadores como instrumento de reducción de daños.
Permitir el uso y la comercialización de cigarrillo electrónico NO normalizará el consumo de tabaco en detrimento del progreso hacia la consecución de una sociedad libre de tabaco.
La ausencia de alquitrán y monóxido de carbono en los vaporizadores reduce en gran medida los daños en comparación con el consumo de tabaco.
Prohibir la comercialización y el uso de vaporizadores significaría desconocer la libertad de los fumadores de escoger un remedio que, aunque sigue siendo perjudicial para la salud, es comparativamente menos dañino que el tabaco y puede ayudarle a dejar de fumar.
Los vaporizadores no fomentan el consumo de tabaco en menores de edad.
Permitir el acceso de vaporizadores no fomenta el consumo de tabaco entre los menores de edad, que en realidad ha ido disminuyendo en reemplazo de estos dispositivos electrónicos.
Prohibir la comercialización de vaporizadores generaría un mercado negro en el que los individuos continuarían accediendo a estos productos, pero ahora sin controles sanitarios, favorido el consumo de cigarrillos habituales o por combustión.
La imposición de barreras de entrada en el mercado genera mercados negros o grises de productos no regulados.
La prohibición de la comercialización legal de vaporizadores legal no acabaría con la demanda de los consumidores, sino que eliminaría la oferta, con lo cual las personas buscarían estos productos de forma clandestina en los mercados negros, donde son menos seguro por carecer de controles sanitarios
Los productos vaporizadores adquiridos en el mercado negro suponen mayores riesgos para la salud de las personas, ya que estarían exentos de los controles sanitarios del mercado legal.
La venta de vaporizadores en mercados clandestinos puede aumentar el número de usuarios de vaporizadores menores de edad.
Los vendedores clandestinos no solicitan documentos de identidad para validar la mayoría de edad de los compradores
La prohibición de vaporizadores en el mercado legal no eliminaría la demanda, sino que trasladaría su oferta al mercado negro.
Imponer altos impuestos a los vaporizadores puede dar lugar a que estos productos sean accesibles solo para quienes tienen suficiente poder adquisitivo o para quienes lo adquieran de forma ilegal.
La imposición de altas tasas de impuestos a la compra de vaporizadores es considerada una estrategia para disuadir el uso de estos productos, principalmente por parte de los jóvenes. Sin embargo, los vaporizadores, a diferencia de los cigarrillos, sirven como instrumentos de reducción de daños.
Imponer impuestos altos a los vaporizadores los convertiría en productos de lujo, con lo cual se excluiría a las personas sin recursos económicos de la posibilidad de acceder a esta alternativa que podrían ayudarlos a dejar de fumar
Los vaporizadores deberían ser gravados con menos impuestos que los cigarrillos, ya que son menos dañinos a la salud de las personas y sirven como remedio para dejar de fumar.
La prohibición a los vaporizadores se basa en una perspectiva paternalista de los consumidores, a los que supuestamente hay que proteger limitando su capacidad de elegir un vaporizador en vez de un cigarrillo. Este enfoque es peligroso para las libertades individuales, puesto la prohibición del vaporizador perjudica la salud de los fumadores que utilizan estos dispositivos como sustituto del tabaco.
La prohibición de los vaporizadores puede generar consecuencias sanitarias y económicas no deseadas
No hay ninguna razón lógica para restringir el derecho de los consumidores a elegir un producto que puede ayudarles a reducir el consumo de tabaco.
El uso de vaporizadores es una herramienta efectiva para ayudar a los consumidores de tabaco a dejar de fumar o para reducir los efectos adversos del consumo de esta sustancia.
Aunque los vaporizadores contienen ingredientes tóxicos y nocivos para la salud, sus efectos son menores, en comparación con el causado por los cigarrillos tradicionales o por combustión
Adoptar políticas públicas que prohíben el uso de vaporizadores implicaría privar a las personas consumidoras de tabaco de acceder a mecanismos de autoayuda que le permitan mejorar su calidad de vida o, en el mejor de los casos, abandonar el hábito de fumar
La evidencia demuestra que los vaporizadores son un remedio efectivo para dejar de fumar, puesto que existe una correlación entre la disminución del número de fumadores y el incremento de usuarios de cigarrillos electrónicos
Prohibir la venta absoluta y el uso de vaporizadores tendría peores consecuencias para la salud de los consumidores de tabaco, ya que se trasladaría la oferta de estos productos al mercado negro, donde no hay limitaciones en cuanto a la venta a personas menores de edad, ni tampoco existirían controles sanitarios
El uso de vaporizadores por parte de personas mayores de edad debe ser una decisión individual, por lo que prohibir su comercialización, basándose en dudosas intenciones de proteger la salud pública, sería incompatible con el derecho a elegir de cada persona.
El derecho a utilizar vaporizadores, ya sea como instrumento de recreación o para sustituir el hábito de fumar, debe entenderse de forma compatible con el derecho a la salud pública
Debe evitarse recurrir a la prohibición absoluta de vaporizadores, ya que estos funcionan como herramientas para ayudar a los consumidores de tabaco a disminuir las consecuencias nocivas para la salud asociadas a este hábito, así como a aquellas personas que desean progresivamente dejar de fumar
En lugar de prohibir el uso de vaporizadores, debería considerarse la adopción de políticas de educación, así como regulación sobre la prohibición para el consumo en personas menores de edad, así como en ciertos lugares para evitar la afectación a terceras personas