Desde casi 20 años, que Panamá ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, y que posteriormente, en 2008, se convirtiera en el primer país en el continente en sancionar la prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, la severidad de las restricciones a las libertades de los individuos en esta área en particular se ha salido de control a un nivel absurdo, pero ya sabemos que nuestros políticos de turno tienen la costumbre de montarse en cualquier carrito bonito que les pase por delante, aparentemente sin un entendimiento de las repercusiones más allá de su resultado esperado.
Si bien la adopción de políticas antitabaco, amparadas bajo la premisa de esta Convención Marco, ha resultado en la restricción gradual del espacio a los fumadores a través de normas que incrementalmente han hecho del hábito cada vez menos socialmente aceptable, lo cual de cierta suerte es positivo, así mismo, se ha reducido la posibilidad de los fabricantes de anunciar sus productos libremente a su audiencia prevista.
Por supuesto, el beneficio superior de la salud precede, y siempre debe preceder a cualquier interés meramente comercial, pero personalmente tengo dudas en cuanto a si estas tácticas logran genuinamente su cometido.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, hablamos de una reducción de entre un 7 y 16% en el consumo del tabaco, sin embargo, esto no es algo que pueda considerar como cifras confiables, dado a al gran margen entre estos porcentajes. Panamá no es un país conocido por una cultura de registro y documentación, por lo que estos números son solo estimados.
En contraste, el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales, realizado en Panamá por la firma internacional Nielsen, demuestra un incremento gradual en el consumo de cigarrillos de procedencia ilegal, aumentando de 60.8% en el año 2016 a 87.9% en 2021. Esto nos dice que la prohibición realmente no tiene efectos sobre la demanda, sino que en contraste, abre oportunidad a la comercialización clandestina, sin controles, ni responsabilidad.
La más reciente novedad en la guerra contra el tabaco es la prohibición de dispositivos electrónicos, ya sean vaporizadores o calentadores de tabaco sin combustión, independientemente de su contenido de nicotina.
Tomando esta referencia, es preocupante la prohibición enfocada a los vaporizadores, los cuales se ha demostrado que presentan una alternativa para personas adultas que deseen dejar de fumar. Esta prohibición potencialmente resultará en un incremento en el contrabando de estos productos, los cuales pudieran contener químicos nocivos al carecer de controles y ser vendidos a menores.
Hace unas semanas, las redes sociales se encendieron con un supuesto testimonio de una joven que decía haber quedado hospitalizada por el uso de vaporizadores. Confiando en la veracidad de este caso, todo esto es muy lamentable, pero más lamentable aun es el hecho de que esto pudiese haber sido evitado con los controles y vigilancia apropiada a la comercialización de estos productos, lo cual queda inutilizado con estas prohibiciones.
Hablamos de un beneficio superior, sin embargo, estamos sometiendo a la población a riesgos aún más nocivos que si estos productos se comercializaran de forma legal.
Estas regulaciones al final solo logran despojar a los ciudadanos de su libertad de elegir y les hacen más vulnerables a productos sin las debidas regulaciones, con resultados perversos.
Susana Lezcano, miembro de la Fundación Libertad