“[…] la prohibición no siempre es la mejor alternativa. Con los productos de nicotina, […], el Estado debe abogar por campañas de concientización e información, restringiendo la comercialización de estos productos a menores de edad […]”
A seis meses de la sanción de la Ley 315 de 30 de junio de 2022, que prohíbe el uso, importación y comercialización de, entre otros, cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, corresponde reflexionar sobre el impacto de esta medida, así como las consecuencias sociales de la misma.
Lo anterior, con el fin de precisar si, en efecto, las idílicas motivaciones y proyecciones que se planteaban al momento de la redacción y sanción de esta la ley se han materializado.
Anticipamos que la respuesta a esta interrogante no será la deseada, y es que es evidente, para quien frecuente restaurantes, bares y discotecas, que el acceso y consumo de cigarrillos electrónicos no ha sufrido alteración alguna, ni mucho menos una disminución considerable.
Y es que, a diferencia de otros mercados ilícitos, como la trata de personas o la venta de sustancias estupefacientes, el acceso al mercado ilícito de vaporizadores es pacífico, accesible e incluso tecnológico, puesto que en las redes sociales se promociona con total naturalidad y a precios similares a los que se manejaban previo a la prohibición.
Ante esta realidad corresponde preguntarse ¿cuáles han sido los efectos reales de la prohibición de cigarrillos electrónicos? Sin estadísticas oficiales ni estudios tangibles, lo único a lo que podemos aferrarnos es a la percepción y a la experiencia de otros países que han adoptado medidas similares.
Por ello, veremos dos ejemplos: el Reino de Bután y EE. UU.
El Reino de Bután, un pequeño país situado en el sur de Asia que, en el 2004, prohibió totalmente la comercialización del tabaco y el cigarrillo, lo anterior, con la esperanza de alcanzar el bienestar de la población. No obstante, 18 años después de implementada la medida, se observó el innegable fracaso de esta. El mercado negro se fortaleció y el control sobre la distribución del producto se volvió prácticamente imposible. Los menores de edad, entre los 13 y 15 años fueron los más afectados, ya que se les facilitó el acceso a un producto adictivo, sin ningún tipo de control de calidad.
Otro ejemplo, fue la decisión por emergencia pública, de prohibir los cigarrillos electrónicos en los estados de Massachusetts, Washington y Rhode Island de EE. UU. Esta prohibición se efectuó en otoño del 2019 y, la evidencia recolectada durante un periodo de 105 semanas demostró que la venta de los cigarrillos habituales aumentó en todos los estados bajo análisis, puesto que las personas no modificaron sus hábitos de consumo.
Ahora bien, nuestro objetivo no es abogar por un mercado sin ningún tipo de regulaciones ni controles. Consideramos que es importante que el Estado aplique medidas para salvaguardar la salud de la población, por ejemplo, con la prohibición de comercialización de drogas sintéticas y armas de destrucción masiva, entre otros.
No obstante, somos de la opinión que la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos no es la mejor alternativa para la salud de la población y explico la razón:
La evidencia científica ha demostrado que los vaporizadores y cigarrillos electrónicos son considerablemente menos nocivos para la salud que los cigarrillos habituales o por combustión. Es decir, no son inofensivos, pero representan menos efectos negativos para el consumidor que los cigarrillos por combustión, que actualmente están permitidos en nuestro país.
Es decir, con la prohibición de los cigarrillos electrónicos, se le arrebata la posibilidad a un aproximado de 200 000 fumadores que habitan en nuestro país, de acceder a una alternativa considerablemente menos nociva para su salud.
Lo anterior, ya que la prohibición recae únicamente en los sistemas electrónicos, de nicotina o sin ella, y no sobre los cigarrillos de nicotina habituales. Por tanto, aquellas personas que no puedan, o no quieran dejar de fumar, tendrán dos opciones: continuar comprando el producto que actualmente consumen, y que es altamente nocivo para su salud o, exponerse al mercado negro, para acceder a una alternativa menos nociva, pero de la cual no existe certeza de calidad ni control sanitario, puesto que está prohibida.
No siendo lo anterior suficiente, el mismo Estado también se vuelve víctima de su propia acción, puesto que pierde la oportunidad de disminuir las enfermedades asociadas al consumo de cigarrillos, asumiendo el peso a través del sistema de salud público y sin poder beneficiarse de los impuestos por la comercialización de los cigarrillos electrónicos.
En conclusión, se evidencia que la prohibición no siempre es la mejor alternativa. Con los productos de nicotina, independientemente de cuál sea su mecanismo de liberación, el Estado debe abogar por campañas de concientización e información, restringiendo la comercialización de estos productos a menores de edad y permitiéndole a los adultos el acceso informado a todos los productos disponibles, así, cada quien tenga la libertad para elegir qué se ajusta a su estilo de vida.
(*) Abogada, miembro de la Fundación Libertad y coautora del estudio “Vaporizadores como alternativa al tabaco: un derecho del individuo”.
https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/221129/impactos-prohibicion